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El portavoz de VOX en la Junta General del Principado, Ignacio Blanco, ha criticado hoy que la moción defendida por el Grupo Parlamentario para instar al Gobierno asturiano a presentar en la Junta General los detalles del modelo de oficialidad ‘amable’ de la junta haya sido bloqueada por la izquierda sectaria junto a Foro. “Resulta llamativo que los mismos que quieren imponer la llingua, una lengua inventada a todos los asturianos, no apoyan la moción presentada por VOX para conocer el modelo de oficialidad ‘amable’ del Gobierno socialista”, señala el portavoz que recuerda además la importancia de conocer el modelo, una vez que ahora el presidente del Principado ha asegurado en respuesta a VOX que seguirá adelante con su plan de la reforma del Estatuto. “La izquierda radical, -PSOE, IU y Podemos-, junto a Foro, han bloqueado la petición de VOX de instar al Gobierno de Asturias a dar a conocer los detalles de la oficialidad ‘amable’ antes de llevar a cabo la reforma del Estatuto”, señala Ignacio Blanco.

Una moción que, recuerda el portavoz, llega tras interpelar en el pleno anterior, celebrado el 9 y 10 de noviembre, a la consejera de Cultura, Turismo y Política Lingüística sobre este mismo asunto “sin obtener concreción alguna” en el fondo y en la forma. “La oficialidad que se defiende en lugar de ser una oficialidad amable es una oficialidad antipática. Preguntas a la consejera, una profesora de lengua castellana, y le interpelas pidiendo que responda en español y responde en llingua”, recuerda el portavoz para, a renglón seguido, explicar que “entendería que alguien que solo aprendió bable no tenga más remedio que expresarse en lengua distinta, pero una profesora de lengua castellana nos hace ver que hay dos modelos: el que defiende el presidente del Principado que no conocemos en qué consiste esa oficialidad ‘amable’, y el modelo Piñán, que es esa oficialidad antipática que le preguntas en español y te responde en otro llingua”.

Durante la exposición de la moción, Ignacio Blanco se refirió al Tribunal Constitucional que “no entiende un modelo diferente al de la obligatoriedad”, así como a las diferentes leyes de normalización. En este sentido, enumeró la ley de normalización lingüística de Galicia, la ley de normalización del País Vasco, la ley Política Lingüística en Cataluña, así como la ley de Normalización Lingüística en las Islas Baleares. En todas ellas hay una oficialidad con las leyes de normalización lingüística que “no es ni amable, ni afable, ni cariñosa, ni atenta ni siquiera cortés. Tampoco es sociable, ni agradable. Es obligatoria”, remarca.

Ante este escenario, el portavoz ha insistido en que “queremos que el Gobierno nos explique y alumbre sobre este nuevo modelo llamado oficialidad ‘amable’”, no sin antes apuntar que “hace falta mucha luz para alumbrar algo que no existe, lo único que no conozco que ilumina en la oscuridad son los fantasmas, pero esos solo existen en las pesadillas de los niños y parece ser en esta oficialidad ‘amable’ que es lo único que tiene luz propia, pero no sabemos en qué consiste”.

Así, ha formulado diversas preguntas, entre otras, para explicar a qué nos enfrentamos: ¿Cómo se evitará que no sea vehicular en la enseñanza, como dice Adrián Barbón, porque cabe recordar que el Tribunal Constitucional ya ha dicho que serían vehiculares? ¿Serán obligadas las empresas a usarlo en su rotulación o megafonía, como ya vemos en Cataluña, País Vasco o Galicia? ¿Se exigirá a médicos o periodistas por ejemplo de la TPA a aprenderlo y a usarlo?.

Y, por último, ha querido poner en foco en cómo se va a financiar, por ejemplo, las clases, cursos, inmersión, impresión en llingua, profesores, etcétera. En este punto, Ignacio Blanco, ha recordado las palabras de Salvador Tranche, uno de los mayores defensores de la Atención Primaria en Asturias, que señalaba que con 48 millones de euros podría iniciar la reconversión de la Atención Primaria en la región. Una cantidad que, -continúa Blanco-, “le sumamos que el Principado será la única comunidad que despida a los profesionales de la educación contratados por los fondos Covid del Gobierno de la Nación, que ascendían a 30,5 millones de euros, y que sirvieron para dotar a los centros de los docentes necesarios para cubrir los problemas derivados de la pandemia, así como para cubrir las vacantes en las zonas rurales y dotar a los centros con profesionales destinados a cubrir las Necesidades Educativas Especiales (NEE) , tenemos 78 millones de euros” que, recalca, “solventarían la problemática en sanidad y educación en la región, solucionando los verdaderos problemas de los asturianos, justo lo mismos que nos costará esa la oficialidad de la llingua, que complica la vida de todos los asturianos, y los visitantes o trabajadores que provengan de otras regiones”, concluye el portavoz.

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