lunes, agosto 2, 2021
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Un nuevo paso en la agenda totalitaria

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Ya es dificil de negar que la crisis sanitaria ha sido un excelente recurso utilizado por el gobierno de España en su afán implementar su agenda totalitaria. Salvo para los más acérrimos seguidores, cada día el ejecutivo presidido por Sánchez da un nuevo paso en idéntica ruta que convirtió a Venezuela de una de las democracias más ricas de hispanoamérica en una cruel dictadura.

Ahora bien, la complaciente sociedad española, ya sean los seguidores del presidente Sánchez o los de la acomplejada derecha liderada por Casado, no parece que reaccione ante los despropósitos de un macro gobierno. Cada días son testigos de leyes sectarias, discriminatorias o que cercenan sin miramientos los derechos y libertades de los ciudadanos. Sin más reacción que la de VOX, de un gobierno apoyado por formaciones políticas más interesadas en la destrucción nacional no cabe esperar nada bueno. Como ya hemos repetido hasta la saciedad en estas editoriales: cuando, por fin, los españoles nos decidamos tomar la iniciativa, entonces posíblemente sea ya demasiado tarde.

Y como enumerar cada uno de estas desquiciadas leyes daría para mucho, focalicemos nuestra atención en la última propuesta de reforma de la ley 36/2015 de seguridad nacional. Algo que va más allá de un llamamiento al patriotismo, pareciéndose más a una dictadura encubierta.

Esta ley que no afectaba ni a ciudadanos ni a empresas, ahora si lo hará. En caso de crisis -y cabría preguntarse qué es lo que entenderá el ejecutivo de Sánchez por una emergencia nacional– el gobierno tendrá potestad por imponer a los mayores de edad un catálogo de prestaciones personales sin que el individuo pueda oponerse a ello. Esto incluye la requisa de todo tipo de bienes. Con esta ley, por poner un ejemplo, sería posible ocupar una empresa haciéndose con el control de la misma. Otra vuelta más de tuerca es la imposición a los medios de comunicación a publicar la información gubernamental de manera obligatoria.

Es cierto que nuestra Carta Magna recoge el artículo 30.4 en que se dice que los ciudadanos tendrán obligaciones en caso de catástrofe nacional. Hasta aquí estaríamos dentro de la legalidad. De hecho, en países de nuestro entorno existen legislaciones similares. El problema es que el gobierno de Sánchez quiere tramitar esta ley como ordinaria y no como orgánica ( que es en la que se utilizan para regular los derechos y libertades personales ). Con ésta última se requeriría de un mayor apoyo en la Cámara de representantes que con la primera.

La intención de Sánchez, según algunos expertos, podría calificarse entonces como inconstitucional. A estas alturas, ¿a alguien le sorprende que nuestro gobierno social-comunista le importe estas cuestiones?.

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